El pasado 03 de diciembre se conmemoró un año más del día internacional de las personas con discapacidades. En América Latina son más de 80 millones de personas quienes viven en esta condición y en Chile la cifra asciende a poco más de 2 millones 700 mil personas, en el segmento de mayores de 18 años. Estamos hablando que casi 1 de cada 5 adultos de nuestro país presenta esta condición.
Este 2023, sin duda, estamos frente a una fecha que solamente da para conmemorarla en condiciones de una bastante amargura. Luego de importantes avances sociales en forma sostenida desde los inicios de la década 2000-2010 y 2010-2020, estos años vemos cómo se ha retrocedido o, simplemente no existen avances, en torno al mejoramiento de las condiciones de inclusión social de las personas con discapacidades. la pandemia, las condiciones económicas post-COVID, y la inestabilidad política de los últimos años están impactando de modo cada vez más notorio este grupo de la población.
América Latina y en especial Chile han sufrido profundas consecuencias sociales durante los últimos años. Por una parte, a nivel educativo la prolongada pausa de la pandemia, la lenta recuperación en el retorno de las escuelas y los importantes problemas a nivel administrativo generados por los nuevos Servicios Locales de Educación, están poniendo seriamente en riesgo la calidad de los aprendizajes de miles de estudiantes con discapacidades, así como un aumento en los niveles de deserción escolar.
Además, vemos con preocupación el significativo estancamiento de parte de las empresas en cuanto al cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral. Según estudios de otros organismos de la Sociedad Civil como CONTRABAJO, los contratos de personas con discapacidades han caído a la mitad desde la puesta en marcha de la ley de inclusión. Además, sólo 1 de cada 4 empresas está dando cumplimiento a la obligación legal de la cuota de discapacidad. Lo mismo sucede en la Administración Pública, en donde se asume debiéramos encontrar ejemplaridad en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, se puede apreciar fácilmente que, aun en servicios claves para la promoción de los derechos de las personas con discapacidades, la cuota de inclusión no es cumplida.
Una sociedad no puede avanzar en su desarrollo si no incorpora a los grupos excluidos de la sociedad en sus políticas públicas. Por lo mismo, es fundamental que tanto el sector público como el privado tengan en consideración de forma permanente los derechos de las personas con discapacidades en su actuar. Ellos y ellas sí tienen una enormidad para aportar a la sociedad y, por lo demás, representan a un grupo importante de la población. Necesitamos que la recuperación económica tenga en consideración los aspectos inclusivos y no excluya a las personas con discapacidades de los planes de recuperación post pandemia. Por esto, invitamos a todos los sectores a visibilizar de forma permanente los derechos de las personas con discapacidades. Esto será fundamental para que todos los consideremos en la planificación de las políticas públicas y nuestro desarrollo social.