Reducir brechas de desigualdad: Hacia una mayor justicia social para las personas con discapacidad.
Desde 2007, los días 20 de febrero de cada año Naciones Unidas dedica una jornada para que los pueblos reflexionen y sean conscientes acerca de la importancia de la Justicia Social como motor del desarrollo y la paz social. Estas dos palabras cuando se juntan suenan más bien a una visión utópica para muchos pueblos que hoy sufren de dictaduras, guerras, extrema pobreza, entre otros que pensábamos que tendríamos solucionados este siglo XXI. En Chile, una nación en vías de desarrollo, esta palabra aún nos evoca numerosas situaciones, más aún cuando hablamos de la realidad de las personas con discapacidades.
En este 2020, el foco se ha querido dirigir hacia la reducción de desigualdades. Recordar que Chile, si bien ha tenido un crecimiento económico bastante más próspero que la mayoría de países de América Latina, lamentablemente cargamos con importantes brechas de desigualdad que nos sitúan entre las naciones con mayores brechas en el ámbito económico. ¿El resultado? La verdad es que a la vista de todos los habitantes. Una burbuja de descontento social y rabia traducida en severas protestas sociales que probablemente, involucrará la construcción de un nuevo pacto social que deberá plasmarse en una nueva Constitución Política de la República.
Ser un “Oasis”, un “paraíso capitalista”, “un jaguar”, no aseguró en lo absoluto la participación de las personas con discapacidades en el desarrollo. Si bien hemos adscrito como país a los principales acuerdos en materia de derechos, los avances aún son incipientes. ¿Cómo ordenar las ideas para partir reduciendo las inequidades? Primeramente, uno de los aspectos de mayor impacto en donde se puede crecer es en el ámbito de empleo para las personas con discapacidades. Teniendo una de las leyes de reserva de cuotas de empleo más bajas, tanto la fiscalización como la consecuente evaluación de aumento de cuota puede ser una alternativa muy eficaz para el acceso al trabajo. Las organizaciones vemos con preocupación la falta de cumplimiento de la ley de inclusión laboral, así como la débil fiscalización por parte de las autoridades encargadas tanto de velar por su cumplimiento en el sector privado como la administración pública.
En segundo lugar, dado que la Ley 21.015 lamentablemente retrocedió en cuanto a la modalidad de Contratos de Aprendizaje, fijándose el tope en 26 años (antes no había tope de edad), es fundamental que nuestros parlamentarios retrotraigan esta inexplicable barrera legal y eliminen el tope. Más aún, desde nuestra perspectiva deberían establecerse mayores incentivos, especialmente sobre personas con discapacidades más severas, como personas con discapacidad visual o sobre un 50% de calificación, con beneficios fiscales que apoyen tanto las adecuaciones de puestos de trabajo como los acompañamientos en casos que se requieran de dispositivos como empleo con apoyo.
En tercer lugar, nuestro país aún debe avanzar significativamente en la protección social de las personas con discapacidad. Cabe destacar que, por las condiciones de salud de base que presentan muchas personas con discapacidad, un número importante de personas con discapacidad requieren de atención de médicos especialistas o profesionales de la rehabilitación. Sabidas son las tremendas dificultades que están presentando los hospitales públicos y CESFAM en cuanto a acceso en oportunidad y calidad de acceso a prestaciones. Por lo anterior, si queremos incluir social y productivamente a las personas con discapacidad, se deben ampliar las capacidades de la red de salud tanto a nivel primario como secundario, a fin de lograr que este grupo pueda encontrarse con el mejor nivel de salud posible y disponibilidad cercana a sus comunidades.
En cuarto lugar, una propuesta importante es mejorar la red de oportunidades educativas para personas con discapacidad. Bajo el principio de inclusión, el Estado debe avanzar hacia un incremento importante de las oportunidades educativas de carácter inclusiva en niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Es importante el fortalecimiento para el acceso a la educación básica y media de niños y niñas con necesidades educativas. Lamentablemente aún vemos que muchos niños son excluidos del sistema de educación regular. La Educación Técnica Profesional también es un foco que debe ser promocionado, particularmente, porque puede permitir a jóvenes con discapacidad el acceso a una formación dual (Liceo y Empresa) y una buena articulación con el mercado del trabajo. Mientras más jóvenes culminen la educación media, más posibilidades de acceso a un empleo y, por ende, aportar a la economía familiar. Finalmente, en aquellos que posean las competencias de entrada, fomentar fuertemente el acceso a la educación superior, tanto a nivel técnico profesional como universitario.
Si bien hemos nombrado elementos bastante básicos, aunque usted como lector le impresione, estas brechas tan básicas puedan marcar significativamente la diferencia para acortar las brechas de desigualdad entre las personas con discapacidad. De este modo, aportar a un país con mayor Justicia Social.
