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La crisis de COVID-19 a través desde una perspectiva de discapacidad y género.


Las personas con discapacidad enfrentan el mismo riesgo de infección por COVID-19 que el resto de la población. Sin embargo, en muchos casos, el peligro que representa el virus se ve agravado por diversos factores sistémicos, como las condiciones de salud preexistentes y los obstáculos para acceder a la atención médica, protección social y seguridad laboral, servicios de salud mental y tecnologías de comunicación.


En general, las personas con discapacidad tienen más necesidades relacionadas con la atención médica, tanto las necesidades comunes como aquellas propias de sus discapacidades, y, por lo tanto, son más vulnerables al impacto negativo de los servicios de salud inaccesibles y/o de baja calidad.


Según un informe de las Naciones Unidas en el 2018, entre 43 países el 42% por ciento de las personas con discapacidad perciben su salud como precaria. Esto debido a que a menudo no pueden acceder a los servicios de salud convencionales debido a barreras actitudinales, barreras físicas por instalaciones de los centros de salud y la falta de medios alternativos para acceder a la información y comunicación, especialmente para las personas con discapacidad visual, auditiva y/o cognitiva.


La proporción de personas con discapacidad que viven en la pobreza es el doble de la proporción de personas sin discapacidad en algunos países, y los desafíos se complican aún más para las mujeres.


Los datos disponibles sugieren que la brecha es grande en comparación con los hombres sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de tener necesidades insatisfechas de atención médica; tres veces más propensos a ser analfabetos; dos veces menos propensos a ser empleados y dos veces menos propensos a usar Internet. Además, las mujeres con discapacidad tienen un mayor riesgo de sufrir violencia sexual en comparación con aquellas sin discapacidad.


La crisis de COVID-19 expone estas desigualdades subyacentes y exacerba la situación de las mujeres con discapacidad. Esto pone de relieve la necesidad imperiosa de un sistema de protección social que tenga en cuenta las cuestiones de género y discapacidad.


Los países que han construido sistemas de protección social tienen datos censales desglosados ​​por edad, sexo y discapacidad, estando en mejores condiciones de proporcionar subsidios universales y servicios de apoyo para un alivio eficaz. Algunos ejemplos de estas medidas de subsidios incluyen una compensación directa brindada a mujeres con discapacidades que trabajan de manera informal o a mujeres que cuidan a familiares con discapacidades mediante transferencias de efectivo o acceso prioritario a alimentos, vivienda y de otros tipos.


Las organizaciones de personas con discapacidad, de mujeres y de grupos comunitarios desempeñan un papel indispensable para las autoridades locales y nacionales. Juntos pueden garantizar que sus necesidades se incluyan plenamente en la planificación, el seguimiento y la reconstrucción luego de la pandemia. Pueden proporcionar consejos prácticos sobre cómo superar estas barreras, así como ofrecer información a las personas con discapacidad sobre estrategias de prevención accesibles y apoyo, incluida la violencia de género.

Por lo tanto, es importante realizar una recopilación de datos por sexo y discapacidad, así como un análisis sistemático de género. La crisis sanitaria presenta una oportunidad reflexiva para fortalecer las acciones de recuperación globales, locales y centradas en las personas.


Autora: Catalina Calvo, Terapeuta Ocupacional

Preparadora Laboral, IRV.

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Chile.

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