A medida que transcurren los meses, todos y todas aprendemos a convivir con la situación de Pandemia, adaptando nuestras rutinas a las nuevas formas de convivir que plantea prevenir el COVID-19. A estas alturas, todos estamos absolutamente convencidos que la Pandemia ha tocado todas las esferas de la vida social: la educación, el empleo, el ocio, entre otros.
Es así que, a partir de la progresiva reducción en las restricciones impuestas a la cuarentena, se asoma en el horizonte la vuelta de miles de trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo. Con ello, se abren nuevamente oficinas, restoranes y otros rubros del comercio, según lo que permita la autoridad. Sé que puede sonar lógico, pero ¿Alguien piensa qué pasa con los niños y niñas de estos trabajadores que retornan a sus labores?
La pandemia ha traído consigo una de las crisis económicas más importante de los últimos 40 años. Con una contracción de la actividad económica estimada por la CEPAL de un -9,1% para este año, tanto el Estado, la clase empresarial y trabajadora no pueden darse el lujo de continuar con el cese total de las actividades. Sólo esta Pandemia condenó a más de 45 millones de personas a la pobreza en América Latina y el Caribe en 2020. Pero para que las personas puedan volver a sus actividades, es lógico que ellos puedan saber en dónde y con quienes quedarán sus hijos e hijas. Más aún cuando más de 11 millones de ellos y ellas tienen una condición de discapacidad o necesidad educativa especial y más del 30% no estaba escolarizado en la región, o presenta altos índices de ausentismo escolar.
Durante el primer cuarto de siglo, nuestra Región tuvo importantes avances sociales en cuanto al acceso a educación en niños, niñas y adolescentes con discapacidad. La escuela se transformó no sólo en el espacio de aprendizajes. También es un espacio de rehabilitación, porque muchos establecimientos disponen de equipos de Terapia Ocupacional, Psicología, Fonoaudiología, Psicopedagogía, Kinesiología, para atender en un ambiente ecológico. En otros casos (y más vital aún), ellos y ellas reciben sus raciones alimenticias de forma balanceada y con el consiguiente ahorro económico para padres y madres que, frecuentemente, pertenecen a los sectores más vulnerables de la población.
Es tremendamente contradictorio que promovamos fuertemente la apertura de los espacios comerciales e industriales, pero sea un tema “tabú” la apertura de espacios educativos para niños, niñas y adolescentes, siendo estos en donde se desarrollan gran parte de sus experiencias sociales y de aprendizaje. Por lo demás, es más grave si sumamos que padres y madres no podrán de disponer del adecuado cuidado si deben ir a trabajar, con riesgos en su seguridad, salud y también, como un factor de estrés al interior de las familias.
Es claro que no se puede volver a las aulas en las mismas condiciones que antes de la pandemia. Se deben hacer adecuaciones físicas, pedagógicas y de distanciamiento social de todos los actores educativos, a fin de disminuir los riesgos de contagio, o que ellos vayan a contagiar a sus familias. Pero es peor que no se quiera discutir o, lo que es peor, que el sector municipal o que recibe subvenciones públicas renuncie a cualquier opción de vuelta a clases. Lo niños, niñas y adolescentes no amplifican sus demandas en redes sociales ni frente a los políticos. Somos los adultos quienes debemos “Poner la pelota al piso” para ver en conciencia la forma darles prioridad a sus necesidades, sobre todo a quienes tienen más necesidades educativas como son quienes presentan una condición de discapacidad. Ya no podemos disociar la salud del drama social derivado de la pandemia que sufren a diario millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe, el nuevo centro de la Pandemia.