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Día Internacional de las Personas con Discapacidad: logros y desafíos en pandemia

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución47/3. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural.


Esta fecha busca conmemorar y ayudar a entender distintas materias relacionadas con la discapacidad, sus derechos y los beneficios que se derivarían de la inclusión de estas personas en todos y cada uno de los aspectos de la vida social.


La importancia de relevar este día se hace aún más latente cuando consideramos la pandemia por COVID-19, un fenómeno que ha aumentado el grado de vulnerabilidad de las personas con discapacidad, esto según diversos documentos, informes y estudios de las Naciones Unidas.


En América Latina residen más de 70 millones de personas con discapacidad (CEPAL, 2014), mientras que en Chile, según indica la ENDISC II, el 16,7% de la población de 2 y más años se encuentra en situación de discapacidad, es decir 2 millones 836 mil 818 personas.


Sin embargo, más que una realidad estadística estamos hablando de muchísimas personas a quienes la pandemia los ha afectado negativamente. El informe de la CEPAL "COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina: Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana", da cuenta de esta situación.


"La pandemia del virus COVID-19 -señala el documento- se ha transformado en una crisis de escala mundial con profundos impactos sanitarios, sociales y económicos que afectan a millones de personas. Ante la situación de emergencia sanitaria y social generada por la pandemia, las personas con discapacidad y sus familias, que ya se encontraban entre las más excluidas en nuestras sociedades, pueden ver esta situación profundizada".

De hecho, este mismo archivo informa que, según los datos que han analizado, los efectos de la pandemia podrían generar "importantes retrocesos en los tímidos avances en la situación de inclusión social y el efectivo acceso a derechos de las personas con discapacidad".


"La pandemia -continúa el estudio- ha exacerbado un número importante de inequidades y desventajas preexistentes que son parte de la experiencia cotidiana de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Como ya se ha mencionado, puede comprobarse una vez más el ´efecto acumulativo ´de desventajas estructurales (es decir, aquellas que estaban presentes en la región previo a la crisis del COVID19) relacionadas a la pobreza y la exclusión educativa, laboral y social con los efectos desafiliación y abandono que a menudo emergen con más fuerza en un contexto de crisis como el actual".


Ambas situaciones se refuerzan una a la otra cuando las acciones de protección y promoción de derechos y garantías necesarias para resguardar la salud y el bienestar de los grupos en situación de vulnerabilidad "no se ofrecen o son insuficientes".


La población con discapacidad de América Latina y el Caribe es altamente vulnerable a los impactos sociales y económicos de la pandemia del COVID-19 debido a desafíos estructurales preexistentes como su situación de pobreza y las profundas desigualdades que les afectan en diferentes ámbitos. De todas formas, la información disponible a nivel regional es escasa, lo que impide estimar con datos totalmente acertados o fehacientes el impacto de la pandemia sobre la población con discapacidad, ni cuántas de ellas acceden a medidas de mitigación y control que se estén implementando en las áreas de salud, educación, protección social y trabajo.


LA PROTECCIÓN DE SUS DERECHOS DURANTE ESTA PANDEMIA


Con la finalidad de garantizar y orientar directrices políticas, la CEPAL también ha emitido una serie de declaraciones a los Estados Partes. Uno de estos artículos es el titulado "COVID-19 y las personas con discapacidad en América Latina Mitigar el impacto y proteger derechos para asegurar la inclusión hoy y mañana".



Uno de los lineamientos que esta propugna está relacionado a la universalidad y la accesibilidad de los servicios de salud, a fin de que estos incluyan en sus prestaciones de manera efectiva a las PcD. El texto estipula: "A fin de lograr un acceso universal a ingresos, activos, capacidades, servicios públicos y sociales fundamentales para la garantía de derechos y niveles de bienestar elevados, las políticas deben adoptar una doble perspectiva. Por una parte, han de cumplir el principio de universalidad en el acceso a los servicios sociales desde un enfoque de derechos y, por la otra, deben ser sensibles a las diferencias y especificidades de cada grupo, buscando superar activamente las brechas y desigualdades vigentes, para que nadie se quede atrás”.


Otro mensaje que manifiesta este documento es que "parece haber aún pocas medidas que consideren a la población con discapacidad de manera específica". En este sentido, se evidencia que, a pesar de que las PcD son vistas como grupos presumiblemente vulnerables, no se plantean indicadores clave que permitan comprobar "si las adaptaciones y ajustes razonables han sido implementadas para asegurar su efectivo acceso a servicios, programas o beneficios".


Bajo esta perspectiva, si analizamos el acceso a educación, salud, protección social y contra la violencia, trabajo decente y mitigación de la pobreza, esto resulta "incoherente con la vulnerabilidad estructural de una parte importante de la población con discapacidad, la que podría verse exacerbada no solo durante la pandemia, sino también en el periodo de reactivación que seguramente no seguirá una trayectoria lineal", indica el informe.

Con todo, el estudio termina por declarar la urgencia e importancia de contar con las PcD en las "medidas de mediano y largo plazo de reactivación y recuperación para asegurar que no se queden (más) atrás y que las medidas de reconstrucción sean equitativas e inclusivas".


LOGROS Y DESAFÍOS EN DISCAPACIDAD EN CHILE


Cuando se trata de logros en inclusión de PcD en Chile resulta inevitable mencionar los avances legislativos, entre ellos, la Ley N° 20.422 que establece normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, así como también la Ley N° 21.015 acerca de la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad y por último, la Ley 20.845, que tiene como principios la no discriminación arbitraria y que implica la inclusión e integración en los establecimientos educacionales.

La ley N° 20.422 entró en vigencia el 10 de febrero del 2010 y se basa en los principios de vida independiente, accesibilidad universal, diseño universal, intersectorialidad, participación y diálogo social. Sin embargo, un aspecto fundamental de esta es que establece el organismo para abordar los desafíos que genera la plena inclusión social de las personas con discapacidad: Servicio Nacional de la Discapacidad, Comité de Desarrollo Social y Familia y el Consejo Consultivo de la Discapacidad.


Por otro lado, la ley de Inclusión Laboral, que comenzó a regir el 01 de abril de 2018, busca promover y lograr la inclusión de personas con discapacidad en todas las empresas de Chile, tanto públicas como privadas, que cuenten con 100 o más trabajadores. Además, muy importante, prohíbe todo acto de discriminación arbitraria que se traduzca en exclusiones o restricciones y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo por diversos motivos, que hasta entonces se podían presentar en los entornos laborales, como son la raza, género, identidad, apariencia, entre otros.


Una de las últimas iniciativas en legislación para la inclusión, es la figura del Gestor/a de Inclusión Laboral. De acuerdo a lo dispuesto por la ley 21.275, que entra en vigencia en noviembre del año 2022, cada empresa que incluye a personas con discapacidades debe tener al menos un trabajador preparado en materia de inclusión, que vele por el cumplimiento de la cuota y que asegure el desarrollo de un entorno laboral adecuado para la incorporación de las personas en él.


La Ley 20.845, de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro. Tiene como principios la no discriminación arbitraria, que implica la inclusión e integración en los establecimientos educacionales.


Estos textos legales, junto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, constituyen un sólido marco legislativo en nuestro país.


En términos culturales, se ha logrado instaurar la inclusión como una temática relevante a nivel macro. Mientras que a nivel micropolítico se ha conseguido concientizar acerca de las problemáticas asociadas a la discapacidad, tales como desplazamiento en transporte, acceso a edificios y la preponderancia del lenguaje que utilizamos para referirnos a las PcD.

Mientras tanto, los desafíos que tenemos son múltiples y previos a las condiciones actuales producto de la pandemia, quizás hemos podido evidenciar que se han prolongado o intensificado a propósito del panorama mundial actual, pero siempre han existido y debemos reconocerlos para poder garantizar su cobertura. Las personas con discapacidad han tenido por décadas dificultad en el acceso a una educación formal adecuada, libre de barreras para el aprendizaje; las oportunidades de tener un trabajo decente durante mucho tiempo han sido escasas, diferenciadas y discriminatorias; así como las posibilidades de tener un acceso estable, en igualdad de condiciones y de calidad a dispositivos de salud que contemplen todos los factores determinantes de salud asociados a sus discapacidades.


Como sociedad civil es nuestro rol hacer visibles estas brechas e intermediar entre el Estado o la Empresa privada, según corresponda, y las personas con discapacidades. Este rol no solo debe buscar como fin el acceso individual a los servicios , sino que es de vital importancia crear comunidad, empoderar a los colectivos de PcD y llevar a ellos las oportunidades en igualdad de condiciones, que respondan eficientemente a sus necesidades y que respeten sus diversidades.


CON EL COMPROMISO DE TODOS Y TODAS HACIA LA INCLUSIÓN


Nuestra deuda con las personas con discapacidad es histórica y hoy más que nunca adquiere una sustancial importancia: las condiciones estructurales en nuestra sociedad que a lo largo de las décadas han obstaculizado una plena inclusión con la pandemia se han visto acentuadas. Por eso, hoy 3 de diciembre, celebramos la diversidad, pero conmemoramos y solidarizamos con la batalla diaria que muchas PcD deben atravesar.


Personas con discapacidad, mental, física, sensorial, todas y todos formamos parte de una comunidad y tenemos derecho a vivir plenamente. Sin embargo, aún falta mucho camino por recorrer, sobre todo, en el actual contexto donde muchos servicios de salud se han visto afectados y se han visto impedidos de entregar atención a PcD que tanto los necesitan.


Por eso hoy, te invitamos a ti a ser parte de esta causa. Porque sin tu ayuda, sin tu aporte y sin tu compromiso la tarea parece verse cuesta arriba. Forma parte de la comunidad de quienes #Amamoslainclusión suscribiéndote a nuestro newsletter para que siempre estés al tanto de noticias, informaciones, datos acerca de esta hermosa y fundamental causa. En este día internacional de las personas con discapacidad, da el primer paso para hacer la diferencia.


 




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